El 'cupo catalán', un atraco al resto de España

En un nuevo ejercicio público de compra de apoyos y voluntades, Pedro Sánchez ha anunciado su disposición a concederle a Cataluña una «financiación singular», el burdo eufemismo utilizado para entregarle una especie de Agencia Tributaria propia que gestione un nuevo «cupo catalán».

Si con la amnistía se compró su investidura, con el dinero de España pretende ahora pagarse la Presidencia de la Generalidad para Salvador Illa, con sendos comportamientos miméticos, ofensivos para el resto del país, que además serán inútiles: el independentismo no frenará hasta que logre su objetivo y todas estas prebendas no actúan como calmante, sino como estimulante en una carrera de fondo en la que se perciben victoriosos.

España ya soporta dos paraísos fiscales, el País Vasco y Navarra, en los que se ha legalizado la insolidaridad fiscal, con argumentos históricos que bien pueden alegar otras comunidades y que, en todo caso, no deberían variar su esfuerzo de solidaridad fiscal: una cosa es que se reconozca la capacidad de gestión y otra que se anule su participación en las arcas públicas con arreglo a las rentas de sus conciudadanos, que son quienes pagan los impuestos. Ningún territorio lo hace.

A esa tara de origen se la va a añadir otra en Cataluña, con una fórmula u otra pero idéntico resultado: al reconocer a una comunidad el lamentable concepto de que los recursos generados por sus vecinos son propiedad del Gobierno de turno; se romperán los cimientos del Estado de Bienestar y la unidad de la Hacienda Pública, consagrada en la Constitución.

Y, por tanto, se empobrecerá a las regiones más desfavorecidas, por mucho que Sánchez repita la falacia de que es posible sobrefinanciar Cataluña sin dañar a las demás: eso solo puede lograrse, y muy temporalmente, subiendo aún más los ya asfixiantes impuestos o recurriendo a la deuda pública, ya en cotas inadmisibles.

Lo único cierto es que este gobierno sin principios está dispuesto a hacer lo opuesto a lo que predica en Europa, donde despliega una ilimitada monserga contra los países pudientes, a los que se les carga de unas obligaciones compensatorias y solidarias que luego, de manera sonrojante, desprecia en España si con ello cubre sus expectativas partidistas, siempre ramplonas al lado de los intereses nacionales.

El cúmulo de ofensas al sentido común, a la legislación y al más elemental respeto a la nación es ya, con Sánchez, inabarcable. Porque a la vez que rompe la cohesión económica y territorial, asalta la independencia judicial, desafía a la libertad de información y se recubre de un manto de inmunidad y de impunidad para zafarse de los múltiples problemas generados por su gestión y los escándalos que le rodean.

Sánchez es una amenaza para la democracia, un peligro para la igualdad y un problema para la convivencia. Y es de desear que, por mucha disposición que muestre a rematar sus siniestros planes, el Estado de derecho, nacional y europeo, encuentre la manera de pararlos. Tanto despropósito abusivo no puede imponerse y todos están convocados, en su ámbito, a evitarlo.