7.291

Que RTVE se ha convertido en una extensión más de la Moncloa y de Ferraz, como el CIS, el Tribunal Constitucional y todo lo que se menea en esa España sanchista en la que la legitimidad democrática, derivada de los votos y de las instituciones, se sustituye por la okupación del Estado con adeptos, hay pocas dudas.

Basta con recordar que, el mismo día en que el presidente del Gobierno se negó a firmar un decreto para hacerse cargo de la gestión de la dana, como le obliga la Ley de Seguridad Nacional, corrió raudo a rubricar otro que cambiaba caciquilmente las mayorías del Consejo de Administración del ente público para acabar con la oposición y dominarlo con puño de hierro, sin disimulo alguno.

Incluso designó para el órgano a la directora del medio que se inventó la existencia de dos DNI distintos del juez Peinado, fabulando sobre sospechosos negocios inmobiliarios del instructor del caso de Begoña Gómez, y se prestó a la siniestra operación de derribo de Ayuso, obviamente diseñada en la Moncloa y perpetrada por la Fiscalía General del Estado en sintonía con soldados como ella.

Solo la tendencia habitual del universo progresista a creer que, como tiene razón, sus principios son mejores y su autoridad moral mayor, el fin justifica los medios; impide la condena unánime ante tanto abuso predemocrático e impulsa el blanqueamiento justificativo que mueve a la «tele de todos» y a todos los organismos asaltados por el presidente con menos diputados propios de la democracia.

Es en ese contexto, el mismo en el que todo un Tribunal Constitucional anula la sentencia de los ERE a las órdenes de la Moncloa o el reconvertido CIS se dedica a fabricar estados de opinión en lugar de a analizar los existentes, RTVE ha alcanzado el culmen al aceptar ejercer de infantería del penúltimo bochorno manipulador de Sánchez: nada menos que intentar colar la idea de que la pandemia solo existió en la Comunidad de Madrid y que, además, las muertes allí fueron culpa de la cruel Ayuso.

De la libertad creativa o informativa poco hay que decir: si a alguien solo le interesa fijarse en los fallecidos en las residencias madrileña, como ocurre en el documental «7.291», nada hay que alegar. Es su derecho, y el periodismo o el cine pueden quedarse en una parte de la historia que, por la razón que sea, se considera relevante.

Pero si ese relato parcial e interesado se presenta como resumen oficial de una historia terrible y se presenta, poco menos, como prueba definitiva para que una acusación se transforme en una condena, tenemos un problema.

Y eso es lo que se ha prestado a hacer RTVE, a las órdenes del señorito, con un nulo aprecio por la realidad y, sobre todo, una obscena explotación del dolor de unas víctimas y del olvido de otras. Huelga decir que murieron ancianos en todas las regiones, que la de Madrid no fue ni de lejos la peor o que, en realidad, la gestión madrileña de la pandemia fue quizá la más audaz en las peores circunstancias.

Las inherentes al virus, como todas, pero además las añadidas por la persecución del Gobierno, que llegó a cerrar la capital y rodearla de policías, y por el efecto multiplicador en ella de las negligencias de Sánchez, resumidas en conceder permiso a todo tipo de actividades de masas, para no tener que suspender el 8M, solo una semana antes de confinar inconstitucionalmente a todo el país y provocar la mayor caída de PIB y la peor mortalidad en la primera ola tal vez de toda Europa.

Con Sánchez es imposible sorprenderse ya de cualquier canallada, pero que se atreva ya a manejar en su beneficio uno de los momentos que más deberían avergonzarle, por su clamorosa cadena de fallos, causa perplejidad: mientras él fallaba con sevicia y sus amigos se forraban vendiendo mascarillas, resulta que Ayuso era una psicópata asesina. Y a ese relato indecente lo llaman periodismo. Al menos en RTVE.