Sánchez no puede ser presidente por Puigdemont

Pedro Sánchez ya es formalmente candidato a la investidura, pero eso no le convierte en un aspirante legítimo ni, aún menos, en un potencial presidente decoroso. Porque, para determinadas misiones públicas, la legalidad es el requisito imprescindible, pero no suficiente, si no va acompañado de una legitimidad social y de un proyecto respetuoso con el país.

Y eso es imposible, simplemente, si la única manera de obtener la investidura es transformar la Presidencia, a continuación, en una herramienta destructiva de quienes han brindado su respaldo por esa única razón.

Al Rey, aunque duela, no le quedaba más remedio que aceptar las insaciables ganas de ser designado repetidas por Sánchez desde la noche del 23 de julio: su tarea es moderar la convivencia y las instituciones, no encabezarlas ni orientarlas en función de preferencia personal alguna.

Y de haber hecho una interpretación agresiva de la Constitución, para negarle a Sánchez sus aspiraciones, seguramente estaríamos viendo ahora cómo al conflicto territorial alumbrado por el PSOE se le añadiría otro relativo al modelo de su sistema democrático.

Don Felipe es el último dique de la Carta Magna, no el primer estilete constitucional para frenar a quienes aspiran a deformarla. Y que su impecable compostura pueda ser objeto de debate y disensión, incluso en las filas más leales a la Monarquía, es una prueba más de cómo las andanzas de Sánchez llevan a todas las instituciones al límite, forzadas por su insólito desprecio a las normas convencionales.

La realidad es que Sánchez está en manos, a la vez, de Otegi, de Junqueras y de Puigdemont. Y eso ya debería ser suficiente para que ni siquiera se planteara conservar un puesto que ha de estar al servicio de los españoles, y no entregado a sus principales enemigos.

Y es obvio que solo puede lograr su objetivo con esa rendición, total o parcial, pero en todo caso incompatible con los valores, leyes y actitudes que cabe exigirle al jefe del Ejecutivo: ni impulsar una amnistía ni, desde luego, aceptar un referéndum, puede ser tolerado por los españoles, y mucho menos promovido por su presidente, presa de una extorsión ya obscena.

Por eso la única salida, visto que el PSOE es incapaz de entenderse con el PP como requerirían las circunstancias para aislar al separatismo y al populismo, es la de convocar de nuevo a los ciudadanos a las urnas, para que puedan juzgar a cada partido con el estricto conocimiento de sus pretensiones.

Esto podría haberse hecho ya sin forzar al Rey ni alargar el calendario, con la mera aceptación por parte de Sánchez de que su resultado no le permite gobernar con autonomía y solo le faculta a hacerlo con una intervención externa insoportable. Pero como no ha sido así, es de esperar que el Parlamento cierre la investidura sin éxito y puedan disolverse así las Cámaras.

Y eso será bien fácil que ocurra si Sánchez cumple su palabra y no reconoce el derecho del independentismo a celebrar una consulta de autodeterminación, con ese u otro nombre, ni en una fecha próxima ni en otra remota. Si eso fuera cierto, quizá no estaríamos en esta situación: que el dirigente del PSOE quiera a toda costa ser investido atestigua que su palabra, una vez más, sea papel mojado.