La Seguridad Social está en la cima del Everest, sin oxígeno ni material para descender

Como todos los meses por estas fechas, la Intervención General de la Administración del Estado publica los datos de la situación de la Seguridad Social, que cada mes se acerca más al borde de un precipicio que tiene ante sí una caída libre de la altura del Everest.

La reforma de José Luis Escrivá ha servido para que las cotizaciones sociales se hayan encarecido, pero donde van a sufrir un incremento muy importante va a ser en 2025, año en el que se han subido sustancialmente los límites de cotización hasta los 60.000 euros anuales, además de la famosa cuota de solidaridad que pagarán entre empresarios y trabajadores. Esta cuota empezará con un 1 % dividido al 50 % entre trabajadores y empresarios y continuará subiendo hasta llegar al 6 %.

Falta por contabilizar en noviembre la paga extra de los pensionistas, y en noviembre los ingresos no se multiplican por dos. Así que, o bien el Estado ha tenido que emitir deuda en noviembre de la Seguridad Social, o las transferencias corrientes se habrán disparado hasta niveles inaguantables.

Ya sabemos que la subida de las pensiones va a ser de un 2,8 % y que en diciembre casi hemos pagado 13.000 millones solo por las contributivas. También sabemos que las pensiones, en su monto total, se han incrementado un 7 % en lo que va de 2024 y que prácticamente duplican la subida nominal de 2024, por lo que es previsible que ocurra lo mismo en 2025.

Esto nos indica que, por mucho que hayamos subido la base de las cotizaciones a 60.000 euros y hayamos añadido la cuota de solidaridad, los ingresos, a no ser que aumente de forma sustancial el número de cotizantes, seguirán presentando un problema muy importante.

En 2024, un trabajador que ganaba 60.000 euros pagaba anualmente, por su nómina, 2.665 euros por contingencias comunes, 879 euros por desempleo y 57 euros por formación; a estas partidas habrá que añadir en 2025 la cantidad de 12 euros anuales por solidaridad, para un total de 3.601 euros.

El empresario, que tenía un trabajador al que pagaba 60.000 euros brutos anuales, desembolsaba en 2024, cada año, 18.087 euros, repartidos en 13.381 euros por contingencias comunes, 3.119 euros por desempleo, 340 euros por formación, 113 euros para el FOGASA y 1.134 euros por accidentes de trabajo. Toda esta cantidad se verá incrementada hasta los 18.386 euros, es decir, un 1,17 % más de lo que pagaba, costes que obviamente se trasladarán a los precios.

La Seguridad Social, obviamente, recaudará más cuanto mayor sea el salario del trabajador, pero ese incremento de ingresos no paliará ni de lejos el aumento de las pensiones —contributivas y no contributivas—, que subirán mucho más, ni el del ingreso mínimo vital, ni el de la incapacidad laboral temporal.

Si no, vean ustedes los datos de los diez primeros meses y saquen sus propias conclusiones:

Lo primero y más importante es que, a pesar de pasar a recaudar 166.022 millones por cotizaciones sociales, que son 11.510 millones más que el año pasado, un 7,4 % más, el Tesoro Público, en nombre de Hacienda, ha tenido que enviar 37.515 millones, en total 4.612 millones más que en 2023 (un 14 % más) para que, al final, puedan decir que la Seguridad Social tiene un superávit de 617 millones.

La realidad es que los gastos han crecido en 15.555 millones, mientras que los ingresos por cotizaciones sociales solo han aumentado en 11.510 millones, por lo tanto, el déficit real de la Seguridad Social ha pasado de 32.861 millones a 36.898 millones, lo que significa que se ha incrementado en 10 meses (y a falta de la paga extra) en un 12,3 %.

Para terminar y entenderlo claramente en qué tipo de país estamos, quiero hacer un resumen:

Un empresario que paga 60.000 euros a un trabajador de forma bruta tendrá un coste de 78.386 euros. El trabajador, por su parte, pagará 3.601 euros a la Seguridad Social y 27.000 euros de IRPF, es decir, entre Seguridad Social e IRPF, aporta 30.601 euros, el equivalente al 51 %. En consecuencia, le quedan líquidos al mes 2.449 euros netos, de los cuales dedicará a IVA una media de 400 euros mensuales. Por lo tanto, en realidad, tiene una presión fiscal del 60 %.

Así, nuestro Estado depredador, por un trabajador que tiene un salario de 60.000 euros, se lleva 53.900 euros en ingresos: 18.386 del empresario, 3.600 de la Seguridad Social del trabajador, 27.000 del IRPF y 4.800 de IVA. Y, a pesar de todo, tenemos una Seguridad Social quebrada y el país se endeuda en 60.000 millones todos los años.

Por lo tanto, cuando veamos los datos de noviembre, entenderemos que la situación es que ya hemos alcanzado la cima del Everest, que tenemos que bajar, que no tenemos oxígeno, que hemos perdido todos los materiales para el descenso y que estamos solos y abandonados a un gobierno que cierra los ojos ante este problema y nos vamos a despeñar.

Llevo mucho tiempo escribiendo que este es un problema de Estado y que solo se puede arreglar con un pacto entre todos los partidos constitucionalistas, en el que el concierto vasco asuma que tiene, al menos, que devolver 6.000 millones de euros en 2024 para pagar el déficit de sus pensiones, que Navarra tiene que devolver casi 1.000 millones, y que hay que buscar un nuevo modelo de pensiones con aportación privada de empresarios y trabajadores a un fondo público gestionado privadamente, semejante al modelo de muchos países europeos que ya lo tienen implantado.

La única forma, además de arreglar esto, es reduciendo en 180.000 millones el gasto inútil de este país y, si los políticos tienen que hacer un esfuerzo, que lo hagan como lo hacen todos los españoles.