La burda operación para comprar Prisa
Sánchez compró Telefónica con dinero público y ahora la utiliza para asaltar empresas, incluso las más favorables a sus delirios
De cómo entiende Pedro Sánchez el papel de los medios de comunicación da cuenta su insatisfacción con el Grupo Prisa, propietaria de la Cadena Ser y El País: no le parece suficiente su adhesión inquebrantable, quiere más y se ha ido a buscarlo a París.
Allí envió al ministro Óscar López, converso de aquel rubalcabismo que murió echando pestes de la inmoralidad del líder socialista, acompañado por el presidente de Telefónica, el socialista Marc Murtra, a reunirse con el dueño de Vivendi, accionista importante del grupo editorial.
No hace falta ser un lince para intuir la conversación, por mucho que López lo niegue, sin ofrecer una versión alternativa mínimamente respetuosa con la inteligencia media: el Gobierno quiere que ese accionista de referencia venda o se alíe con la parte del Grupo Prisa, hoy derrotada, que está dispuesta a ir más allá en la sumisión al PSOE y acepta, probablemente, lanzar otra televisión privada al servicio de la causa, bautizada antes de nacer con el elocuente sobrenombre de Telepedro.
Es el propio presidente de la compañía quien lo ha denunciado, sin ambages, en un artículo en el que, de momento, se presenta como nuevo presidente de El País, elevando a público una lucha privada con una denuncia demoledora: «Sería inaceptable que (…) alguien cayera en la tentación de tratar de adueñarse de un medio de comunicación independiente desde el poder, bien directamente, bien utilizando alguna empresa estatal como instrumento».
La magnitud de la denuncia solo es superada por la gravedad de la operación, un compendio de todos los abusos clandestinos que perpetra Sánchez para generar un ecosistema mediático sumiso que, completado con un Estado paralelo copado de obedientes soldados, le permita aspirar a perpetuarse y a modificar por la puerta de atrás todas las reglas del juego democrático, incluidas la alternancia, la separación de poderes y la existencia de contrapoderes.
El Gobierno invirtió hace nada 2.200 millones de euros en asaltar Telefónica, con la burda excusa de que era imprescindible frenar la entrada de Arabia Saudí en el capital de una compañía estratégica para España. Hoy la participación de los musulmanes es la mayor de la historia, lo que en sí mismo demuestra que la intención era, simplemente, tomar al abordaje una empresa clave en inversiones publicitarias, músculo económico y control de las telecomunicaciones.
A continuación situó al frente a un hombre de larga trayectoria en el PSOE, en sustitución de un ejecutivo independiente como Pallete, con la seguridad de que antepondría las necesidades políticas de sus promotores a los intereses de la compañía y de sus accionistas.
Y desde ahí, sin perder ascendencia en Indra, ha lanzado una OPA a la escasa independencia de su principal apoyo mediático para que vaya más lejos aún en su subordinación y asuma un reto económicamente inviable pero políticamente útil.
Sánchez, en fin, se sirve de dinero público para privatizar o intervenir el sector privado con arreglo a unos objetivos insolventes y partidistas, invadiendo aquellos espacios más proclives a consolidar su universo electoral, con la misma desvergüenza, pero distinta herramienta a la desplegada para acabar con la disidencia: a los amigos los atrapa con dinero, y a los adversarios, los asfixia con intentonas leguleyas chavistas bajo la excusa de frenar «el fango», en el caso de los periodistas, o el lawfare, en el de los jueces.
Que el presidente del grupo editorial más cercano a Sánchez tenga que llegar a este extremo y describa, negro sobre blanco, la naturaleza mafiosa de un abordaje pirata a la libertad empresarial con objetivos espurios, tiene al menos una virtud: aclara hasta dónde está dispuesto a llegar el líder socialista y anula, sin querer, el discurso de quienes más le vienen apoyando. A ver con qué cara defienden ahora a Sánchez los que trabajan para el ejecutivo que acaba de desvelar un siniestro plan para someterles, colocar a adeptos y adulterar la democracia, todo ello malversando el presupuesto público como si fuera la caja B para financiar sus delirios autocráticos.